Tras un año del ataque israelí a Gaza, se sigue negando justicia a las víctimas palestinas

(Traducción de la nota de prensa del Centro Palestino para los Derechos Humanos -PCHR-)

Hoy, 14 de noviembre de 2013, se cumple el primer aniversario de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, denominada ‘Operación Pilar de Defensa’, que se prolongó durante ocho días. Este ataque, como el precedente, se caracterizó por la brutalidad y por perpetrar de forma sistemática graves violaciones de la ley humanitaria internacional y cometer crímenes de guerra. Un años después de este ataque, se sigue denegando justicia las víctimas palestinas ante los tribunales israelíes.

En el período del 14 al 21 de noviembre de 2012, las fuerzas israelíes lanzaron un ataque a gran escala sobre la Franja de Gaza. Durante los seis días de ofensiva, las fuerzas israelíes llevaron a cabo cientos de ataques aéreos, ataques desde barcos de guerra y bombardeo con artillería. Misiles con ojivas de más de 1.000 kilos fueron usadas en ataques sobre áreas residenciales, destruyendo edificios de varios pisos y matando a los residentes de los edificios. Los extensos ataques se dirigieron hacia instalaciones civiles en toda la Franja de Gaza, incluyendo instituciones gubernamentales civiles localizadas en áreas densamente pobladas. El impacto de estos ataques sobre la propiedad y las víctimas, especialmente mujeres, niñas y niños, creció mucho, debido a los bombardeos en áreas civiles. Cientos de ataques aéreos fueron lanzados en espacios abiertos de áreas residenciales para aterrorizar a los civiles. En los cuatro últimos días de ofensiva, el creciente número de ataques sobre áreas civiles produjo el correspondiente aumento en la proporción de civiles entre las víctimas.

Durante el período de ofensiva, la población civil palestina vivió bajo un miedo extremo y amenaza hacia sus vidas por los ataques directos contra civiles y sus propiedades a lo largo de la Franja de Gaza. No había sitio seguro y la amenaza de muerte la sentía todo el mundo, sin excepción. La situación se volvió más trágica cuando las fuerzas israelíes lanzaron panfletos sobre las comunidades palestinas del norte de la Franja de Gaza ordenando a los civiles a abandonar sus casas. Se causó terror extremo sobre la población civil palestina y miles de ellos buscaron refugio en las escuelas de la UNRWA.

Durante los ocho días de ofensiva, 171 palestinas y palestinos fueron asesinados. Del total de víctimas, 102 eran civiles, suponiendo el 60% del número total de víctimas. 35 de las víctimas civiles (o 34%) eran niñas y niños, mientras que 14 de las víctimas civiles (o 14%) fueron mujeres. El número total de heridos y heridas fue de 648. De esa cifra, 625 eran civiles, incluyendo 214 niñas y niños y 93 mujeres. De los civiles heridos, 16 personas tenían alguna discapacidad.

Familias enteras fueron aniquiladas cuando sus hogares fueron directamente bombardeados con misiles que portaban ojivas explosivas de cientos de kilos. El más horrible de esos ataques fue el bombardeo del hogar de la familia al-Dalu en la ciudad de Gaza el 18 de noviembre. El edificio de cuatro plantas y varias casas aledañas fueron destruidas, y 12 civiles (5 niñas y niños, 5 mujeres y dos hombres jóvenes) fueron asesinados y otros seis resultaron heridos. En un crimen similar, el 19 de noviembre, un caza israelí bombardeó la casa de Fu’ad Khalil Hijazi en el campamento de refugiados de Jabalia en el norte de la Franja de Gaza. La casa fue completamente destruida e Hijazi y dos de sus hijos fueron asesinados. Además, 7 miembros de la familia y 13 vecinas y vecinos resultaron con heridas. En otro crimen, el 20 de noviembre, un caza israelí bombardeó el apartamento de Bassel al-Shawa, en el vecindario de al-Shujaiya en la ciudad de Gaza. El apartamento fue destruido por completo y 4 civiles fueron asesinados. Otros seis civiles fueron heridos en una calle cercana.

El edificio de la familia al-Dalu fue reducido a escombros y los edificios vecinos resultaron gravemente dañados. 12 presonas fueron asesinadas.
El edificio de la familia al-Dalu fue reducido a escombros y los edificios vecinos resultaron gravemente dañados. En total 12 presonas fueron asesinadas y 6 resultaron heridas.

Las fuerzas israelíes bombardearon cientos de edificios, destruyendo por completo 126 casas. Esos 126 edificios contenían 191 unidades residenciales que albergaban a 1.229 personas, incluyendo 710 niñas y niños. 243 edificios más fueron severamente dañados. Las fuerzas israelíes también bombardearon 233 instalaciones públicas, incluyendo 88 instituciones educativas; 83 edificios religiosos y cementerios; 19 centros de salud; 3 sindicatos; 2 instalaciones deportivas; 4 centros de medios de comunicación; 41 instalaciones de servicios; 6 centros recreacionales; 4 bancos y 182 industrias, comercios e instalaciones agrícolas.

Este aniversario recuerda las escenas de muerte, destrucción y miedo que sufrieron los civiles palestinos durante la ‘Operación Plomo Fundido’ en el período del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009, en la cual 1.419 palestinas y palestinos, incluyendo 1.167 civiles (el 82%) fueron asesinados y más de 5.300 fueron heridos.

Un año después de la ‘Operación Pilar de Defensa’, se sigue denegando justicia y reparación a las víctimas civiles palestinas. Las autoridades israelíes han impuesto barreras legales, físicas y económicas a las víctimas palestinas para evitar el enjuiciamiento de los criminales israelíes sospechosos y la compensación de las víctimas. Sin embargo, en el contexto del continuado esfuerzo para asegurar el enjuiciamiento de los criminales israelíes sospechosos y la compensación a las víctimas, el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR en inglés) creó archivos legales para las víctimas palestinas de la ‘Operación Pilar de Defensa’ para reclamar sus derechos tanto en el plano penal como civil.

El equipo legal del PCHR presentó 246 demandas civiles ante el Ministerio de Defensa de Israel (siguiento los requisitos legales israelíes) a fin de iniciar las reclamaciones de indemnización de las víctimas palestinas de violaciones israelíes. Estas demandas se relacionan con el asesinato de 72 civiles palestino y los daños a 104 heridos y heridas, así como la destrucción de 75 casas durante la ‘Operación Pilar de Defensa’. El PCHR presentó también 79 denuncias ante al Fiscal General Militar israelí (MAG), exigiendo la apertura de investigaciones criminales sobre estas violaciones llevando a los responsables ante la justicia. En respuesta a las 79 denuncias dirigidas al MAG, el PCHR recibió solo 26 respuestas, todas negativas. La última de esas respuestas fue la decisión del MAG de cerrar el caso de la familia Hijazi (un ataque donde 3 civiles fueron asesinados y otros 4 resultaron heridos, además de causar la destrucción de la casa familiar) y también la respuesta negativa referente al caso de la familia al-Dalu, un ataque en el que 12 civiles, incluyendo 5 niñas y niños y 5 mujeres, fueron asesinados y otros 6 resultaron heridos, mientras el edificio familiar y varios edificios colindantes fueron destruidos. En este último, el MAG afirmó que no había indicio de delito criminal.

El PCHR hace hincapié en que las acciones del MAG son parte de una política sistemática para negar a las víctimas palestinas el derecho a la justicia para proporcionar cobertura legal frente a los criminales de guerra israelíes, protegiéndo a estos de la persecución internacional. El PCHR señala que presentó 490 denuncias criminales ante el MAG tras la ‘Operación Plomo Fundido’ pero solo recibió 19 respuestas relacionadas con tan solo 23 casos. Una de esas respuestas se limitó a confirmar la recepción de la denuncia para ser examinada y que se informaría al PCHR de los resultados. Además, el MAG jamás ha llevado a sospechoso alguno frente a la justicia, a pesar de que varios informes internacionales confirmaron la comisión de crímenes de guerra, incluso crímenes contra la humanidad contra la población palestina en el Territorio Palestino ocupado (oPT), especialmente durante la ‘Operación Plomo Fundido’, siendo el más notable el informe de investigación de la misión de las Naciones Unidas en Gaza (Informe Goldstone).

A la población palestina se le ha venido denegando sistemáticamente el derecho a la justicia y a la compensación, debido a una serie de obstáculos israelíes legales y físicos. En este contexto, el 16 de julio de 2012, la Knesset israelí aprobó la Enmienda nº 8 a la Ley de Daños Israelí (Responsabilidad del Estado) de 1952, aplicada de manera retroactiva en el caso de la Franja de Gaza desde 2005 en adelante. Dicha enmienda exime al estado de Israel de cualquier resposabilidad derivada de daños causados a residentes de un territorio enemigo durante una ‘acción de combate’ o ‘acción militar’, por lo que Israel queda exento de cualquier responsabilidad sobre las víctimas del ataque israelí de 2012 (Operación Pilar de Defensa) y la ‘Operación Plomo Fundido’ de 2008-2009. En consecuencia, el PCHR no ha sido capaz de presentar reclamación de compensación alguna a favor de las víctima de la ‘Operación Pilar de Defensa’.

Además de la mencionada enmienda, las autoridades israelíes han trabajado para imponer obstáculos económicos, legales y físicos durante el último año, cerrando completamente todas las puertas antes de que las víctima palestinas puedan ejercer su derecho a la justicia. Estos obstáculos incluyen, pero no se limitan solo, a evitar que víctimas y testigos comparezcan ante los tribunales, evitar reuniones entre las víctimas y los abogados y en la imposición de costes judiciales no afrontables. Adicionalmente, el Ministerio de Defensa ha ignorado demandas presentadas por el PCHR para iniciar reclamaciones civiles a favor de las víctimas. Por ejemplo, en el período 2009-2012, el PCHR presentó 1.046 quejas frente al Oficial de Compensacón del Ministerio de Defensa israelí, pero solo recibió 16 respuestas sobre 26 casos.

El PCHR hace hincapié en la necesidad de hacer frente a esto desafíos y superar los obstáculos que deniegan a las víctimas palestinas su derecho a la justicia y a la compensación, y:

1- El PCHR hace un llamamiento a la Autoridad Nacional Palestina para asegurar que Palestina se adhiera a todos los instrumentos legales internacionales sobre derechos humanos y derechos humanitario. El PCHR pide la inmediata firma y ratificación del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 ya que es la principal garantía para el enjuiciamiento de sospechosos de crímenes de guerra israelíes.

2- El PCHR pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que transfiera el Informe Goldstone al Consejo de Seguridad para que sea remitido a la Corte Penal Internacional de conformidad con el Artículo 13.b del Tratado de Roma.

3- El PCHR hace un llamamiento a las Altas Partes Contratantes de las Convenciones de Ginebra para que cumplan su obligación de garantizar la aplicación de las Convenciones, incluida la ampliación del ámbito de su jurisdicción para perseguir a criminales de guerra, independientemente de la nacionalidad del perpetrador y el lugar del crimen, y para allanar el camino para el enjuiciamiento de sospechosos israelíes de crímenes de guerra y poner fin a la larga impunidad de la que han gozado.