Por desgracia, el Informe Palmer/Uribe sobre el incidente de la Flotilla el 31 de mayo de 2010, filtrado al The New York Times el 1 de septiembre, es un esperado lavado de cara de los crímenes de Israel.
A pesar de que culpa a las fuerzas israelíes por el uso excesivo de la fuerza cuando asaltaron nuestros buques civiles con destino a Gaza, erróneamente justifica el bloqueo israelí de Gaza, arroja dudas sobre las intenciones de los organizadores de la flotilla, y no busca la responsabilidad de los autores de violaciones de los derechos humanos.
El panel Palmer/Uribe estaba viciado desde su inicio. El nombramiento del ex-presidente colombiano Alvaro Uribe como el vicepresidente del Grupo Especial arroja serias dudas sobre la integridad e imparcialidad del propio grupo. La íntima asociación de Uribe con las prácticas militares y paramilitares para asesinar civiles en Colombia y el desprecio notorio hacia los defensores de los derechos humanos hace que su nombramiento en el Grupo sea problemático. Por otra parte, el gobierno de Uribe está en el registro de los que abogan una mayor cooperación militar con Israel [1].
Además de los problemas en la composición del Grupo Especial, su conclusión no ha sido llegar a la verdad de lo sucedido o buscar justicia para las víctimas, si no el llegar a un compromiso político con el fin de reparar las relaciones entre Israel y Turquía. El mandato del Grupo Especial se limita a examinar los informes de las investigaciones nacionales de Turquía e Israel, y no a entrevistar a los testigos o a llevar una objetiva y profunda investigación. Este es un intento político de eclipsar la única investigación del informe independiente e imparcial sobre el ataque a la flotilla flotilla, el cual fue encargado por el Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/15/21) y llevada a cabo por tres expertos sobre los derechos humanos de renombre internacional. Las conclusiones y recomendaciones de este informe, publicado el 23 de septiembre 2010, aún no se han debatido en las Naciones Unidas.
Uno de los hallazgos más indignantes de este Grupo Especial es que Israel tenía derecho a imponer el bloqueo naval de Gaza como una “legítima medida de seguridad.»
Este hallazgo ignora completamente el hecho de que el bloqueo naval forma parte de un fuerte régimen que numerosos organismos de derechos humanos, incluyendo varias agencias de la Naciones Unidas, han declarado ilegal. Además, ignora la evidencia incontrovertible de que el bloqueo naval y el cierre total no va dirigido a la seguridad, sino más bien de ejercer presión sobre la población de Gaza. Los dirigentes israelíes han señalando que el propósito del bloqueo es una guerra económica -para mantener la economía de Gaza al borde del colapso con el fin de presionar a la población civil a rebelarse contra el gobierno de Hamas [2].
Utilizar a civiles como forma de presionar a un gobierno viola el derecho internacional humanitario, que prohíbe dañar a civiles intencionalmente, y constituye un castigo colectivo, prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra.
El informe de Palmer/Uribe erróneamente identifica a IHH como el «grupo de líderes involucrados en la planificación de la flotilla», nos acusa (a los organizadores de la Flotilla de la Libertad) de actuar imprudentemente, y pone en duda el carácter humanitario de nuestra acción (páginas 46-48) . Seis organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales de la sociedad civil, todas teniendo el mismo peso y responsabilidad, organizaron la Flotilla de la Libertad I. Nuestra acción fue una forma legítima de acción directa no violenta. Rechazamos la posición del Panel de que los soldados israelíes se enfrentaron a «una violencia organizada.» A lo que los comandos fuertemente armados se enfrentron, mientras trataban de tomar por la fuerza el Mavi Marmara en alta mar, eran actos legítimos de autodefensa no armada por parte de un puñado de pasajeros, actuando en contra de una agresión injustificada.
A pesar de que nuestros buques llevaban 10.000 toneladas de carga, muy necesaria para el pueblo de Gaza, nosotros hemos manifestado reiteradamente que nuestro objetivo es romper el bloqueo ilegal de Gaza y no simplemente entregar dicha ayuda. La crisis humanitaria que existe en Gaza es el resultado de una política deliberada, ilegal e inmoral. Desafiar esa política buscando poner fin a la causa del sufrimiento de la gente es humanitario.
Aunque el informe correctamente penaliza a Israel por usar una fuerza excesiva contra civiles desarmados, no exige la rendición de cuentas. El informe señala que Israel no ha sido responsable de lo que las pruebas forenses muestran: a la mayoría de los nueve voluntarios muertos les dispararon varias veces, incluso en la espalda, o de cerca, o de los constantes abusos sufridos por otros voluntarios en las manos de las fuerzas israelíes. La recomendación del informe para que Israel simplemente exprese su pesar por el incidente es un insulto a las víctimas y sus familias, y atenta gravemente contra los derechos humanos y ley humanitaria.
Por último, el informe no aborda el tema de que las restantes cuatro naves de la Flotilla de la Libertad I estén todavía bajo captura en Israel, como también la negativa a devolver a los pasajeros el valor de más de un millón de dólares en dinero y equipos, incluyendo cámaras y videos de probado valor.
Damos la bienvenida a la decisión de Turquía de reducir las relaciones con Israel, la expulsión del embajador israelí y la cancelación de los vínculos militares, así como su declaración de que tomará medidas legales contra los israelíes responsables del ataque a la flotilla. Tales sanciones son necesarias para poner fin a la impunidad con que Israel ha estado violando los derechos humanos palestinos y el Derecho internacional.
Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad
[1] Véase «Colombia busca ampliar los vínculos de Israel«, 28 de abril 2010, Jerusalem Post.
[2] Véase por ejemplo, «Wikileaks: Israel pretende mantener la economía de Gaza está al borde del colapso«, de 5 de enero 2011, Haaretz, al informar sobre un cable de la Embajada de EE.UU. en Tel Aviv diciendo que los oficiales oficialidad israelíes desean que la economía de Gaza “funcione en el nivel más bajo posible pero tratando de evitar una crisis humanitaria».
