*Por Ramzy Baroud
Según la nueva ley de pena de muerte de Israel, los menores palestinos, al igual que los adultos, podrían, en la práctica, enfrentarse a la horca. Esto podría tomar a algunas personas por sorpresa, o incluso ser descartado como una exageración. Lamentablemente, no es ninguna de las dos cosas.
La ley de pena de muerte, aprobada por la Knesset de Israel el 30 de marzo, exige la pena capital para los palestinos condenados por llevar a cabo ataques mortales. La legislación, a menudo conocida como la «ley de la pena de muerte para terroristas», requiere que las ejecuciones se lleven a cabo rápidamente, en un plazo de 90 días, al tiempo que limitan drásticamente las vías de apelación o conmutación, según las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Resuelve una reivindicación política que venía de lejos por parte del liderazgo de extrema derecha de Israel para formalizar la ejecución como una herramienta de control sobre la población palestina. Como ha argumentado repetidamente el ministro de Seguridad Nacional, el extremista israelí Itamar Ben-Gvir, los acusados de tales actos «merecen la muerte», enmarcando la ley no como una excepción, sino como una política necesaria.
Aunque la ley en sí no menciona explícitamente a los menores, tampoco los excluye. Conociendo el trato de Israel y la clasificación legal de los niños y niñas palestinos, esta distinción no es menor, es decisiva.
Defense for Children International-Palestine en su informe de 2023 “Arbitrary by Default” indica que el sistema de detención militar israelí somete a los menores palestinos a «tratos sistemáticos», institucionalizados y «maltratos generalizados».
Los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos describen patrones consistentes de abuso, incluidos arrestos nocturnos, violencia física, amenazas y presión psicológica.
Muchos menores, señalan estos grupos, son interrogados sin las salvaguardias legales adecuadas, en condiciones que facilitan la coerción y la obtención de confesiones.
Según el derecho internacional, los menores son personas protegidas, con derecho a salvaguardias especiales en virtud de la Cuarta Convención de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño, las cuales prohíben un trato cruel, inhumano o degradante.
Sin embargo, no en Israel, un Estado que ha tratado constantemente el derecho internacional no como vinculante, sino como un obstáculo para sus objetivos políticos y militares.
Para Israel, los niños palestinos no suelen ser considerados civiles, sino amenazas potenciales. Esta forma de ver las cosas supone un grave ataque a la humanidad y a los derechos fundamentales, que va incluso más allá del cínico término «daños colaterales», al privar de antemano a los niños de su condición de civiles.
Las autoridades israelíes han dejado muy claras esas opiniones.
Su declaración no fue una excepción, sino un reflejo de un discurso político en el que la deshumanización se ha convertido en algo habitual.
Esto también se ha restado importancia a menudo, calificándolo de racismo habitual en la política israelí. Pero no lo es.
Desde el 7 de octubre de 2023, los niños y niñas de Gaza han sido asesinados en cifras astronómicas: al menos 21.289 niños entre más de 71.800 palestinos asesinados y más de 44.500 heridos, según la actualización de UNICEF de febrero de 2026.
En la Cisjordania ocupada, el patrón persiste, con cada vez más menores palestinos asesinados durante las incursiones militares israelíes y la violencia de los colonos.
Teniendo todo esto en cuenta, no debería sorprender que la ley sobre la pena de muerte no exima a los niños del terrible destino que prevé para los palestinos que se resisten a la ocupación israelí.
Para que quede claro, la ley de la pena de muerte no tiene que ver ni con el castigo ni con la disuasión. Israel no necesita una ley para matar a palestinos, ya sean personas que participan en la resistencia armada o, como ha ocurrido a menudo, civiles que no tienen nada que ver con las hostilidades.
Durante décadas, Israel ha llevado a cabo asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y operaciones militares a gran escala que han provocado la muerte de miles de palestinos.
Por lo tanto, la ley tiene otro objetivo: la proyección de poder.
No difiere fundamentalmente de la opten tosa brutalidad asociada a figuras como Ben-Gvir, cuya retórica y conducta hacia los presos palestinos han puesto de relieve la dominación, la humillación y el control.
Pero esta proyección de poder acarrea una consecuencia mortal: muchas personas corren el riesgo de ser asesinadas, incluidos niñas y niños.
Aunque algunas voces de la comunidad internacional se han pronunciado en contra de la ley, estas reacciones han sido limitadas y efímeras, rápidamente eclipsadas por otros acontecimientos.
Sin una presión sostenida, Israel no tiene motivos para abstenerse de llevar a cabo ejecuciones —decisiones que tomarán tribunales militares que carecen incluso de los estándares más básicos de imparcialidad o de respeto al derecho internacional.
Una vez que esto también se normalice, el umbral volverá a cambiar. Y los niños se verán inevitablemente arrastrados a ello.
Israel ya ha normalizado prácticas que antes se consideraban impensables. Si ahora normaliza la ejecución de niños, cruzará un umbral que ni siquiera muchos regímenes coloniales traspasaron abiertamente.
Debe haber un límite, porque su continuación no solo devastará a los palestinos, sino que tendrá repercusiones mucho más allá, erosionando las protecciones más básicas de la propia vida humana.
*Ramzy Baroud es periodista y director de «The Palestine Chronicle». Es autor de cinco libros. Su última obra se titula «These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons» (Clarity Press). Baroud es investigador sénior no residente en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales (CIGA) y también en el Centro Afro-Oriente Medio (AMEC). Su página web es www.ramzybaroud.net
Fuente MEMO Middle East Monitor
