Por Qassam Muaddi*
Un nuevo registro digital israelí impone una soberanía de facto sobre el 60 % de Cisjordania. Palestinos y palestinas deben inscribirse bajo la autoridad israelí o se arriesgan a perder sus tierras, pero las lagunas jurídicas israelíes están diseñadas para invalidar sus reclamaciones en cualquier caso.
La anexión de Cisjordania por parte de Israel avanza a toda máquina sobre el terreno, pero también se está trasladando a Internet. El miércoles pasado, el Gobierno israelí puso en marcha una nueva plataforma digital para el registro de tierras en Cisjordania, abierta al uso de los israelíes y las empresas israelíes.
La nueva plataforma permite el registro de propiedades y se aplica a las tierras de la Zona C de Cisjordania, que comprende más del 60 % del territorio según los Acuerdos de Oslo de 1993. El resto de Cisjordania se divide en las Zonas A y B, donde la Autoridad Palestina (AP) ejerce diversos grados de control civil y de seguridad.
El lanzamiento de la plataforma se produce tras anteriores medidas israelíes para alterar el funcionamiento de la propiedad de la tierra en Cisjordania, comenzando con una decisión del Gobierno israelí en junio de 2025 de abrir las tierras palestinas de la Zona C al registro por parte de cualquier persona, incluidos los colonos israelíes. Desde entonces, el Gobierno israelí ha dado varios pasos más para avanzar en su anexión de Cisjordania, no solo con leyes que sientan las bases para la anexión, sino ejerciendo la autoridad israelí efectiva sobre las tierras palestinas.
Ahora, estas medidas se han trasladado al ámbito digital, lo que facilita aún más a los israelíes el control de los territorios palestinos en Cisjordania. La Autoridad Palestina ya ha condenado el catastro israelí en línea como «un paso hacia la anexión efectiva» y ha instado a la población palestina a abstenerse de utilizar la plataforma.
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y la diputada israelí Orit Strock, ambos partidarios acérrimos del movimiento de colonos israelíes, calificaron el proyecto como «un pilar fundamental para la aplicación de la soberanía [israelí]» sobre Cisjordania.
Apropiación de tierras y lagunas legales
En teoría, la nueva plataforma de registro de la propiedad está abierta tanto a israelíes como a palestinos, pero con varias salvedades que hacen que la probabilidad de que Israel acepte las reclamaciones de propiedad palestinas sea extremadamente baja, a pesar de la existencia de documentación y títulos de propiedad. Según Khalil Tafakji, geógrafo palestino y experto en asentamientos israelíes, Israel podría rechazar estas reclamaciones basándose en un tecnicismo inherente a una antigua ley israelí relativa a la propiedad de los «ausentes». En 1950, Israel aprobó la Ley de Propiedad de los Ausentes, que legalizó la confiscación por parte del Estado de las tierras de los más de 700 000 palestinos que fueron víctimas de una limpieza étnica y expulsados de sus hogares en 1948, definiendo a los refugiados desplazados por la fuerza como «ausentes» que residían fuera de lo que se convirtió en Israel.
Hoy en día, en Cisjordania, esa misma ley podría utilizarse para despojar a los palestinos de sus tierras simplemente por el hecho de vivir en el extranjero. Muchos de estas personas palestinas que viven en la diáspora no pueden residir en Palestina aunque quisieran, ya que los derechos de residencia en Cisjordania requieren la aprobación israelí, trámites complicados y largos años de espera.
«Si una persona palestina intenta registrar su derecho de propiedad sobre un terreno ante las autoridades israelíes a través de esta plataforma digital, se le exigirá que facilite información sobre todos los herederos», explicó Tafakji a Mondoweiss. «Muchos miembros de las familias palestinas que tienen derechos de herencia han nacido y viven fuera del país, por lo que sus participaciones quedarían inevitablemente sujetas a la Ley de Propiedades de Ausentes». En esencia, si los palestinos utilizan la plataforma, es probable que Israel la utilice en su contra.
Otro aspecto de esta nueva plataforma digital, según Tafakji, es que está abierta a particulares israelíes, mientras que hasta hace poco el registro de la propiedad solo estaba abierto a empresas israelíes. Esto complementa una decisión anterior del Gobierno israelí aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de este año, que deroga una ley jordana anterior que prohibía la venta de terrenos a palestinos no residentes en Cisjordania.
La derogación de esa ley allanó el camino para que ciudadanos israelíes compraran tierras a palestinos necesitados o a empresas locales o de fuera de la zona. Esto, junto con la apertura del registro de la propiedad a los ciudadanos israelíes, «transformaría la toma de control de Cisjordania por parte de Israel, pasando de ser una apropiación de tierras impulsada por el Estado a un proceso abierto a todo el público israelí», señaló Tafakji, haciendo hincapié en que ello dificultaría mucho más la protección de los derechos de propiedad de los palestinos.
El dilema para la población palestina
La dimensión política de la nueva plataforma va más allá de la apropiación de tierras y obliga a los propietarios palestinos a tomar una decisión imposible: utilizar la plataforma digital y aceptar de hecho la autoridad israelí sobre el registro de la propiedad en Cisjordania (y sobre el territorio en su conjunto), o negarse a utilizarla y arriesgarse a perder los derechos de propiedad heredados de sus antepasados durante generaciones.
El uso de la plataforma por parte de la población palestina establecería un canal directo con las autoridades israelíes, lo que no solo les obligaría a someterse a una anexión de facto, sino que también eliminaría el sistema burocrático de la Autoridad Palestina de la ecuación. Esto también complementa la decisión del gabinete de febrero, que retiró el reconocimiento del sistema de registro de la propiedad de la Autoridad Palestina en la Zona C, donde la Autoridad Palestina no tiene presencia civil ni de seguridad para empezar.
Esto sitúa todo el proceso de registro de la propiedad en la Zona C directamente en el marco de la legislación israelí, lo cual, según Tafakji, es «totalmente ilegal, ya que, según el derecho internacional, Israel, como potencia ocupante, no tiene derecho a modificar las leyes y los sistemas de propiedad de la tierra en el territorio ocupado». Sin embargo, Tafakji también advirtió que el derecho internacional «no dispone de medios para proteger los derechos de la parte más débil».
Aunque el derecho internacional carece de mecanismos de aplicación, los Estados que se adhieren a él tienen la obligación de presionar para que se aplique. El mes pasado, nueve países occidentales firmaron conjuntamente una declaración en la que denunciaban la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y las políticas israelíes de anexión y desplazamiento de palestinos. Una condena expresada en numerosas ocasiones en los últimos años, pero a la que han seguido muy pocas medidas.
*Qassam Muaddi es el redactor especializado en Palestina de Mondoweiss. Se ocupa de la actualidad social, política y cultural en Palestina, y ha colaborado con varios medios en inglés y francés, entre ellos la revista católica Terre Sainte y otras publicaciones.
Fuente: Mondoweiss


