Conferencia ‘Derechos humanos y derecho penal universal: Gaza hoy y mañana’ en Barcelona

En el Día Mundial de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, Catalunya Rumbo a Gaza junto a Nexes y Amb Palestina al Cor denuncia la constante violación de derechos humanos que sufre el pueblo palestino a través de la conferencia “Derechos Humanos y derecho penal universal: Gaza hoy y mañana” que tendrá lugar en el Aula Magana de la Universidad de Barcelona (C. Montalegre, 6) a las 18.30h.
 
En la conferencia intervindrán Majed Abusalama, joven periodista palestino de Gaza que presentará la situación de vulneración de los derechos humanos en Gaza exponiendo lo que se ha convertido en su dia a dia en Gaza, Antoni Segura, catedrático de História Contempránea y director del Centro de Estudios Históricos Internacionales de la UB que hará una contextualización histórica de la situación y Luciana Coconi, investigadora del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya y analizará la vulneración de derechos humanos en Gaza y la legislación penal internacional. La periodista Rita Marzoa, directora del programa Solidaris de Catalunya Ràdio, moderará el acto.
 
Un millón y medio de personas viven hacinadas en Gaza en poco más de 300 kilómetros cuadrados, el 80% de los cuales sobreviviendo gracias a la ayuda internacional. El desempleo es masivo. Durante los últimos 10 años, la política israelí y el cierre de fronteras han forzado la quiebra de 90% de la industria autóctona y el deterioro agrícola y han eliminado las pocas posibilidades de trabajo que tenían los palestinos. El bloqueo impuesto desde hace 4 años por Israel con la complicidad de la gobernanza internacional, convierte a Gaza en un gigantesco campo de concentración, en el marco de una Palestina ocupada. Israel niega esta situación como niega la devastación que hace 2 años ocasionaron los bombardeos de la operación Plomo fundido. En ese sombrío paisaje, el combustible, la luz y el agua potable constituyen bienes vitales arrebatados también a la población. El bloqueo estrangula, además, sectores enteros de servicios públicos como la enseñanza y la sanidad al tiempo que limita la ayuda humanitaria, contraviniendo así la legislación internacional que Israel debiera acatar como señala la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos) y otras organizaciones internacionales.