*Por Jesús A. Núñez Villaverde
El Gobierno de Israel ve a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) como un enemigo. Por un lado, porque con su labor humanitaria dificulta la estrategia de hacer insoportable la vida a quienes habitan el territorio ocupado palestino hasta el punto de que decidan finalmente abandonarlo, dejándolo en manos de Tel Aviv. Por otro, porque su propia existencia hace visible la pervivencia de los seis millones de personas que asiste y protege; personas a las que el Gobierno israelí niega rotundamente el derecho al retorno, consciente de que reconocérselo supondría el colapso del sueño sionista de crear un Estado para los judíos. De ahí su declarada intención de eliminarla.
Con esa idea, y con la colaboración directa de Washington, pretende que la ONU modifique el concepto de refugiado, reservándolo únicamente para los sobrevivientes de los más de 700.000 palestinos que se vieron obligados a huir de la Nakba (1948). De ese modo, en lugar de los citados seis millones, tan solo habría unos 400.000. Una cifra que no justificaría la necesidad de contar con una Agencia y que hasta podría llevar hipotéticamente a Israel a aceptar su regreso, contando con que no modificaría sustancialmente la demografía de la Palestina histórica. En paralelo, son incontables los obstáculos que los gobiernos israelíes ponen a la actividad diaria de la UNRWA, así como los intentos por disuadir a los donantes (la Agencia no tiene presupuesto propio y depende totalmente de las aportaciones voluntarias; lo que deriva en un déficit estructural creciente), sin olvidar que desde que inició su operación de castigo el ejército de Israel ya ha matado en Gaza a más de 150 de sus empleados.
En esa línea se enmarca el más reciente paso de Tel Aviv con su denuncia de que ha habido trabajadores de la Agencia implicados en los ataques realizados por Hamás el pasado 7 de octubre. Una denuncia, basada únicamente en confesiones de prisioneros palestinos en manos de Israel, que ha llevado de inmediato a la cancelación de sus contratos y al arranque de una investigación por parte de la ONU (no de la UNRWA) para determinar las responsabilidades oportunas. Una denuncia que, sin esperar al resultado de la investigación, también ha llevado a Alemania, Australia, Canadá, EE UU, Finlandia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza a suspender sus aportaciones.
Esta puede ser la puntilla para impedir a la UNRWA continuar su trabajo. Con su calculado gesto, haciéndolo coincidir con el dictamen de la Corte Internacional de Justicia que lo retrata como un potencial genocida, el Gobierno de Israel busca aplicar un castigo no sólo a la Agencia (son 12 empleados potencialmente responsables de esos actos de un total de 13.000 en Gaza), sino también a los dos millones de gazatíes que dependen vitalmente de la UNRWA, así como asegurarse el respaldo de gobiernos que buscaban una excusa para quedarse al margen, aunque sea apareciendo como cómplices en una masacre que nos avergüenza. No puede caber ambigüedad alguna en este punto, o estamos con António Guterres o estamos con Benjamín Netanyahu.
*Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción humanitaria (IECAH).
Fuente: El País
