Palestinian NGOs Network (PNGO) y Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC)
En un ataque siniestro, sin precedentes y generalizado contra los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil palestinos, el ministro de «Defensa» de Israel, Benny Gantz, anunció el 19 de octubre de 2021 la designación de seis importantes organizaciones de la sociedad civil palestinas como «organizaciones terroristas”, lo que supone la ilegalización de las organizaciones y el riesgo de represalias inminentes. Las seis organizaciones designadas son Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq Law in the Service of Man (Al-Haq), Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), la Union of Agricultural Work Committees (UAWC) y la Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC).
Las designaciones arbitrarias se dirigen a seis de las más eminentes organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos palestinos que realizan una labor crítica en materia de derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado (TPO), que incluye la documentación y el seguimiento de las violaciones de los derechos humanos, la labor de rendición de cuentas para enjuiciar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por Israel, y los esfuerzos jurídicos y de defensa para poner fin a la ocupación, el asentamiento de los colonos y el régimen de apartheid de Israel. Las designaciones representan un intento sin precedentes y ominoso por parte de las autoridades de ocupación israelíes de silenciar y criminalizar a las organizaciones civiles palestinas que desafían la prolongada ocupación militar de Israel, el arraigado asentamiento de colonos y el apartheid de Palestina.
En particular, el uso de una legislación «antiterrorista» deliberadamente vaga e infundada para criminalizar a las seis organizaciones en virtud de la legislación nacional israelí se produce tras años de campañas y ataques sostenidos y sistemáticos contra las organizaciones civiles palestinas, para obstaculizar su documentación sobre derechos humanos y su cooperación con los mecanismos de derechos humanos internacionales y de la ONU. El 19 de agosto de 2021, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, emitió una declaración en la que abordaba múltiples casos destacados de detenciones arbitrarias, acoso, criminalización y amenazas contra defensores de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado.
Las siguientes designaciones reflejan décadas de intentos israelíes de controlar al pueblo palestino y sirven para amordazar y diezmar aún más el funcionamiento independiente de las organizaciones civiles palestinas. En particular, las designaciones representan una aplicación atroz e ilegal del derecho interno israelí al territorio palestino ocupado, en violación del artículo 43 del Reglamento de La Haya (1907) y del derecho internacionalmente consagrado e inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación.
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación actual y los riesgos inminentes a los que se enfrentan los actores humanitarios palestinos y los defensores de los derechos humanos palestinos, Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) y Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) hacen un llamamiento urgente a la comunidad internacional, incluidos los terceros Estados, las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, las Naciones Unidas y el público en general, para:
-Exigir que Israel revoque su designación de «organización terrorista» contra las seis principales organizaciones civiles palestinas;
-Instar al Ministerio de Defensa y Justicia israelí, y a otros interlocutores pertinentes, a que cesen el empleo de prácticas y políticas ilegales de intimidación y acoso, incluida la criminalización, el acoso y la represión arbitrarios de las organizaciones civiles palestinas, que violan los convenios fundamentales del derecho internacional;
-Emitir una declaración pública de no reconocimiento de las designaciones como un acto internacionalmente ilícito de apartheid, que comprende medidas legislativas calculadas para violar el derecho a la libertad de opinión y expresión, y el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas;
-Condenar las designaciones como una aplicación ilegal del derecho interno israelí al territorio palestino ocupado; y
-Pedir a la comunidad internacional, incluidos los donantes, los partidarios y los agentes de derechos humanos de todo el mundo, que condenen las designaciones arbitrarias y las tácticas de intimidación, y que reiteren públicamente su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil palestina.
Fuente: Addameer
